El gobierno italiano estableció nuevas reglas para la inscripción en el AIRE (el registro de italianos residentes en el extranjero), que están obligados a realizar todos aquellos que se desplazan fuera de Italia durante al menos 12 meses.

Se trata de un registro, gestionado por el consulado correspondiente, que permite actualizar el padrón, la residencia fiscal (para saber dónde pagar impuestos), inscripción en las listas electorales y en el Servicio de Salud Nacional.

Es una obligación que muchos italianos expatriados incumplen, entre otras cosas porque no implica ninguna sanción.

A partir de 2024, sin embargo, habrá una multa de hasta 1.000 euros por cada año de no inscripción, hasta un máximo de cinco años.

Esto significa que si una persona vivió en el extranjero durante 9 años, los años sancionables son cinco.

Además, la inscripción es personal y no del núcleo familiar, por lo que la multa será aplicada a cada miembro, incluidos los menores, de los que los padres son evidentemente responsables.

La verificación será realizada por el último municipio de residencia del ciudadano.

“Es una novedad prevista en el presupuesto, dirigida a los italianos nacidos en Italia que se transfieren al extranjero –explica el diputado Franco Tirelli (del Maie)–. Hasta ahora, muchos de ellos no renunciaron a su residencia italiana por motivos fiscales o administrativos. El problema es que esta omisión genera problemas a los municipios y por eso surgió la obligación de registrarse y regularizarse”.

En muchas ocasiones, la falta de comunicación al AIRE se relaciona con el deseo de no perder el alta en el servicio de salud y en el médico de cabecera. Para quienes regresan por vacaciones o por motivos familiares, es posible reactivar el registro temporalmente, pero solo para emergencias en urgencias y por un máximo de 90 días.

La inscripción en el AIRE también sirve para votar en circunscripciones extranjeras, sin estar obligado a regresar a Italia, para renovar el pasaporte en el consulado correspondiente y para pagar impuestos en el país de residencia real.

Sin embargo, sobre este punto hay cosas sobre las que todavía persiste la incertidumbre, ya que para la Agencia Tributaria Italiana es válido el llamado centro de intereses, es decir, el lugar donde la persona mantiene sus actividades, negocios e intereses personales.

Un profesional que reside en Argentina pero realiza asesoría a empresas italianas, por ejemplo, podría ser impugnado por las autoridades fiscales italianas y argentinas a pesar de estar registrado en el AIRE.

Para evitar este inconveniente, normalmente se le solicita a Afip (la agencia tributaria argentina) tax form (un formulario tributario), documento cuya expedición requiere meses e innumerables intentos, debido a la gran cantidad de solicitudes, muchas veces de manera arbitraria. Basta que falte un dato para tener que empezar el proceso de nuevo. Mientras tanto, pasan uno o dos meses y se añaden nuevos documentos a la lista de necesarios.

María Rosa Arona, responsable de la oficina porteña del INCA (el patronato vinculado a la CGIL), se muestra crítica sobre las nuevas disposiciones

“Estamos esperando las indicaciones del Consulado –afirma–. Las sanciones estarían justificadas si el Estado italiano fuera eficiente y rápido al proceder al registro. Pero el sistema es lento, implica intercambios continuos de comunicaciones entre el consulado y los municipios italianos”.

A veces pasan muchos meses desde el momento de la solicitud hasta el registro real. Y todo eso se traduce en incertidumbre para el ciudadano.

“En el consulado están sobrecargados de trabajo –continúa Arona–. La situación de los municipios es desigual. Algunos tienen políticas para ciudadanos que viven en el extranjero y son más eficientes. De este modo, el Estado transfiere la carga de su incumplimiento a sus ciudadanos”.

Fuente: Il Globo